ACNUR y sus socios contra la violencia sexual en el sur de Colombia

MOCOA, Colombia, 8 de noviembre (ACNUR) – En un populoso barrio de la ciudad de Mocoa, en el sur de Colombia, prácticamente nadie pestañeó cuando, a principios de este año, violaron a una adolescente desplazada de catorce años. Del otro lado de la ciudad viven dos hermanas de seis y diez años que no logran dormir ni se animan a salir a la calle desde que las asaltaron sexualmente.

La violencia sexual es muy común en Mocoa y otras ciudades de una zona crítica como el departamento de Putumayo. Las mujeres y niñas desplazadas internas se ven particularmente expuestas, por lo que hace dos años ACNUR y otros socios han comenzado a trabajar con el fin de modificar la percepción del fenómeno por parte de la opinión pública.

Los datos más recientes sobre violencia contra la mujer en Mocoa, elaborados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, diseñan un cuadro preocupante: en una población de 36.000 habitantes, entre 2004 y 2008 se contaron 28 casos de asesinato, 190 de violencia sexual y 253 de violencia doméstica. Muchas de las víctimas eran menores de 18 años y según Pär Westling, responsable de la oficina local de ACNUR, habían abandonado sus hogares situados en zonas rurales para refugiarse en una ciudad donde casi el 60 por ciento de los habitantes son desplazados.

"Sabemos que con el desplazamiento aumenta el riesgo de violencia sexual y doméstica porque las mujeres pierden sus redes sociales y su capacidad de acceder a redes de protección, mientras que en la zona abundan los grupos armados irregulares", explica Westling.

ACNUR y sus socios, entre los que figuran las instituciones y la Iglesia, han debito enfrentarse a numerosos problemas. Para empezar, por miedo o por vergüenza, son contadas las víctimas que denuncian la violencia sexual o doméstica, especialmente entre las mujeres indígenas. En la mayoría de los casos las víctimas son muy jóvenes, conocen poco y mal sus derechos y no saben cómo se presenta una denuncia.

Otro problema es la falta de capacidad institucional para abordar con eficacia la compleja realidad de la violencia sexual. No hace mucho que las autoridades locales han empezado a reconocer que sus funcionarios necesitan más capacitación para poder ayudar a las víctimas o para manejar los casos.

En el año 2008 ACNUR constituyó un equipo de trabajo integrado por la policía local, las autoridades municipales y provinciales, la Iglesia católica, la sociedad civil (incluidos las asociaciones de mujeres y de desplazados) y las organizaciones internacionales.

Todos los meses el equipo discute y formula medidas para concienciar a la opinión pública sobre la violencia contra las mujeres, fortalecer la capacidad institucional para atender y proteger a las víctimas y facilitar el acceso de las mismas al sistema judicial.

El año pasado el equipo lanzó una campaña bajo el lema de "¡Basta! La violencia de género es un crimen". En distintos puntos estratégicos de la ciudad aparecieron coloridos murales y el personal de ACNUR llevó el mensaje de la campaña hasta los barrios más desfavorecidos. También se utilizaron blogs y un noticiario por correo electrónico.

El objetivo de este año es concienciar a la población masculina de Mocoa de lo negativo de la violencia sexual y doméstica y de la necesidad de erradicar conductas tan destructivas. Para ello ACNUR ha organizado talleres para jóvenes e impulsa la participación de varones adolescentes y adultos en la campaña "Dieciséis Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres", que comenzará el 25 de noviembre, para consolidar la idea de que la verdadera masculinidad no tiene nada que ver con la violencia sexual.

Además los funcionarios de ACNUR están trazando una hoja de ruta para apoyar la búsqueda de ayuda y amparo legal por parte de las víctimas de violencia. "Con dibujos y un lenguaje sencillo explicamos cómo se pone una denuncia por violencia sexual y qué hay que hacer para tener acceso a los servicios del hospital local y otras instituciones", dice la experta de género de ACNUR en Mocoa, Laura Badillo.

La agencia para los refugiados brinda asimismo orientación acerca de las mejores prácticas en materia de registro de casos y ayuda a las víctimas a la policía y al personal sanitario. Con el fin de afinar la elaboración de datos estadísticos, el equipo de trabajo ha diseñado recientemente un cuestionario destinado a todas las partes e instituciones interesadas. Este cuestionario reemplazará al anterior, menos detallado, e incorpora información relacionada con el desplazamiento interno, el grupo étnico y la edad de la víctima.

Aunque todo invita al optimismo, nadie se hace ilusiones de que las iniciativas desplegadas en dos años puedan determinar cambios muy repentinos. Pero para ACNUR no deja de ser alentador que a partir de 2008 los habitantes de Mocoa hayan comenzado a hablar más abiertamente de violencia de género, sean más conscientes del problema y se muestren más dispuestos a condenar el comportamiento violento.

"Los resultados de los esfuerzos impulsados por ACNUR comienzan a verse", reconoce Miguel Palacios, trabajador comunitario de ACNUR en Mocoa y voluntario del programa VNU. "La impunidad se va resquebrajando".

La última prueba de ello ha sido el arresto del sospechoso de asalto sexual a una niña indígena de catorce años, que mientras tanto ya está recibiendo apoyo psicológico, asistencia sanitaria y protección policial.

Por Kaweh Hagi desde Mocoa, Colombia