Brasil promoverá la inclusión de refugiados colombianos en el mercado laboral

CURITIBA, Brasil, 24 de noviembre de 2014 (ACNUR) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) firmó hoy un Protocolo de Intenciones con el Gobierno del Estado de Paraná, Brasil, y con la Federación de Industrias del Estado para inserir los refugiados colombianos que viven en Ecuador en el mercado laboral de la región brasileña.

El protocolo fue firmado en el Palacio Iguaçu, en Curitiba, por el representante de ACNUR en Brasil, Andrés Ramirez, por los secretarios (del estado de Paraná) de Justicia, Maria Tereza Uille Gomes y de Trabajo, Empleo y Economía Solidaria, Amin José Hannouche, además del coordinador general del Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), Virginíus Lianza da Franca, y del representante de la Federación de Industrias de Paraná (FIEP), Marco Antônio Guimarães.

La acción se desarrollará en el marco del proyecto Movilidad Regional e Inserción Socioeconómica de Refugiados, establecido por el ACNUR y por la Secretaria Nacional de Justicia – vinculada al Ministerio de la Justicia.

Estadísticas oficiales muestran que en Brasil existen alrededor de 7.200 refugiados de 80 nacionalidades diferentes, mientras que Ecuador, con un territorio 33 veces menos extenso, es el país de América Latina que posee el mayor número de refugiados, 56 mil, de los cuales el 98% son colombianos.

Este proyecto innovador busca mantener los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno brasileño en materia de asilo, entre ellos el de apoyar solidariamente a Ecuador en la busca de soluciones duraderas para los refugiados colombianos.

Paraná fue elegido para iniciar el proyecto por ser uno de los pocos estados brasileños en establecer un organismo como el Comité del Estado de Paraná para Refugiados y Migrantes (CERM). Además de eso, es uno de los pocos estados que se encuentran en fase de finalización de un plan estatal de políticas públicas para migrantes, refugiados y apátridas, y es un estado que presenta uno de los mayores índices de empleabilidad del país.

"Estamos avanzando con iniciativas innovadoras, como esta de traer refugiados colombianos que viven en Ecuador para ser integrados directamente en el mercado laboral brasileño. Paraná es un estado desarrollado, con buenas oportunidades de empleo y una economía dinámica. Estamos muy contentos con esta asociación", afirmó el representante del ACNUR, Andrés Ramirez.

Para la secretaria de Justicia, Maria Tereza Uille Gomes, la firma del protocolo refleja "el compromiso del Estado en garantizar el acceso a la ciudadanía y a la dignidad de las personas a través del trabajo, independientemente de su nacionalidad". Ella dijo que Paraná "se siente honrado por ser pionero en esta iniciativa".

El proyecto es parte de las actividades puestas en marcha con ocasión del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (un proceso conocido como Cartagena+30), realizadas durante todo este año. Uno de los temas de Cartagena+30 es el fortalecimiento de la integración de refugiados en América Latina y el Caribe y el proyecto que será puesto en marcha en Paraná representa una contribución efectiva en este sentido.

ALTERNATIVA – La idea del proyecto es ofrecer una alternativa para ampliar las perspectivas de integración local como una solución duradera para aquellos refugiados que, aunque no se encuentren en una situación de vulnerabilidad prolongada, aún buscan la autosuficiencia y estarían aptos para trabajar poco después de su llegada a Brasil.

Para facilitar la integración local y la inserción en el mercado laboral, los refugiados que participen del proyecto tendrán acceso a clases de lengua portuguesa aún en Ecuador. En Paraná será formada una red, compuesta por instituciones de los sectores públicos, privado, universidades y sociedad civil, que trabajará conjuntamente para crear condiciones para integrar alrededor de 200 refugiados colombianos hasta mediados de 2016.

Además de promover la inclusión en el mercado laboral, las instituciones involucradas también harán viables programas de calificación social y profesional, previniendo y combatiendo la explotación y la violación de los derechos laborales de los refugiados.

El secretario Amin Hannouche afirmó que el Gobierno de Paraná "es sensible a la causa humanitaria" y que la llegada de los refugiados al estado "no causará prejuicios a la población paranaense". El representante de la FIEP, Marco Antônio Guimarães, dijo que el sector privado debe trabajar para garantizar una sociedad más igualitaria y plural, y el coordinador-general del CONARE, Virginíus Lianza da Franca, afirmó que el proyecto podrá servir de ejemplo para todo el mundo, debido a su carácter original.

Según el representante del ACNUR en Brasil, la integración de refugiados es más eficiente cuando les es dada la oportunidad de inserirse en el mercado laboral, puesto que eso crea oportunidades reales de autonomía financiera. Los refugiados llegan al país de asilo con un gran bagaje de experiencias y diversidad cultural, lo que puede traer efectos positivos al mercado laboral local.

Los beneficiarios del proyecto tendrán los mismos derechos y deberes de cualquier refugiado en Brasil. Las salvaguardias de protección previstas por el proyecto son las mismas previstas para los refugiados reconocidos en los términos de la Ley 9.474/97.

Cada uno de los órganos involucrados en la implementación del Proyecto tendrá funciones específicas. Al ACNUR Brasil le corresponderá la coordinación de los trabajos auxiliando también al ACNUR Ecuador a identificar los perfiles de los refugiados participantes.

Al CONARE le corresponderá apoyar la implementación y monitoreo de los objetivos del proyecto, en asociación con el ACNUR; garantizar a los beneficiarios el acceso eficaz y rápido a la documentación necesaria para la regularización de sus condiciones de refugiados en Brasil – CPF, documento laboral, Asistencia Social y Registro Nacional de Extranjeros (RNE); garantizar las salvaguardias de protección previstas por la Ley 9.474/97, asegurando que los refugiados beneficiados por el programa tengan los mismos derechos garantizados a cualquier refugiado en Brasil, con acceso a las políticas públicas de salud, educación y asistencia social.

La Secretaria de Justicia seguirá el desarrollo de las acciones junto a los órganos involucrados y la sociedad; monitorear el proceso de integración local de los refugiados y elaborar, por medio del Comité, un Plan de Políticas de Atención a los Refugiados del Estado de Paraná, además de articular una red en la región para la integración de los refugiados.

La Secretaría de Trabajo va a informar y orientar a los empleadores que reclutarán los refugiados sobre sus derechos y deberes, bien como sobre sus exigencias en cuanto a la garantía de los derechos laborales; además, articulará y promoverá la inserción laboral de los refugiados participantes a través del Programa de Intermediación de Mano de Obra ejecutado en las Agencias del Trabajador.

La FIEP será responsable por articular el acercamiento a las empresas y cooperativas asociadas para promover su inserción en el proyecto y la participación de los sindicatos de representación de las categorías económicas de la industria; así como de facilitar, dentro de sus posibilidades, a los participantes del Proyecto, por medio del Servicio Social de la Industria (SESI) y Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC), cursos de lengua portuguesa, inserción cultural, bien como cursos profesionales específicos para el desempeño de la actividad laboral.

El Protocolo tiene vigencia de dos años, y será automáticamente renovado, después de ese plazo, por un período igual, a menos que una de las partes informe la otra de la intención de no renovarlo, sin prejuicio de las actividades en curso.

Por Luiz Fernando Godinho, en Curitiba, Brasil.

Gracias a la Voluntaria en Línea Gabriela Guedes por el apoyo ofrecido con la traducción del portugués de este texto.