El ACNUR llega a 200 indígenas colombianos desplazados por la violencia

BOGOTÁ, Colombia, 13 de febrero de 2009 (ACNUR) – Dos misiones humanitarias han llegado a una zona muy aislada del sur-oeste colombiano para brindar asistencia a cerca de 200 indígenas que hasta ahora han llegado huyendo de la violencia en sus resguardos.

El martes, el ACNUR había hecho un llamado a realizar una investigación a fondo sobre los presuntos asesinatos de 17 indígenas Awá en el resguardo de Tortugaña Telembí, una de las zonas del país más aisladas e inmersas en el conflicto. Dos misiones, compuestas del ACNUR con otras Agencias de Naciones Unidas y Organizaciones No Gubernamentales llegaron ayer (jueves) a los municipios de Samaniego y Buenavista, donde cerca de 200 indígenas Awá han logrado encontrar amparo.

Los 114 indígenas Awá que llegaron a Buenavista se encuentran en un delicado estado de salud después de realizar el largo y peligroso viaje a través de una zona minada desde sus territorios. Muchos de los niños presentan signos de desnutrición crónica. La infraestructura en Buenavista es muy limitada para recibirlos y el pueblo falta de comida. Los funcionarios de Acción Social, la organización estatal encargada de prestar asistencia a la población desplazada, ya llegaron a la zona y están empezando a realizar las valoraciones previas para la entrega de la ayuda humanitaria. Esta asistencia ya se está prestando en el municipio de Samaniego a donde han llegado 68 indígenas Awá.

Las autoridades indígenas Awá han solicitado que se organice transporte para llevar a todos los desplazados a una zona más segura, más al sur, donde la misma comunidad Awá se está preparando para recibirlos.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para aclarar las circunstancias de la presunta masacre, los cuerpos de los indígenas asesinados no han sido encontrados hasta el momento. El miércoles se reportó que 13 personas más fueron asesinadas en otro resguardo cerca del territorio de Tortugaña Telembí.

El ACNUR reitera su llamado a una profunda investigación a cerca de estos reportes de asesinatos. Además, pedimos otra vez a todas las partes respetar el Derecho Internacional Humanitario y exhortamos al gobierno colombiano a cumplir su obligación de proteger a los civiles.

Ubicado en la costa pacífica a lo largo de la frontera con Ecuador, el departamento de Nariño es una de las regiones colombianas más afectadas por el conflicto. Durante los últimos dos años, esta zona ha tenido el índice más alto de desplazamiento forzado del país. Los Awá son el grupo indígena más numeroso en esa región de Colombia y están siendo victimas de hostilidades, amenazas, asesinatos, y desplazamientos forzados como resultado de la presencia de los grupos armados en su territorio.

La oficina de terreno del ACNUR en Nariño ha venido trabajando de cerca con la comunidad Awá, y ellos, como muchos otros grupos indígenas colombianos han luchado por años para mantenerse fuera del conflicto armado interno.

Con 21.000 personas, los Awá son el pueblo indígena más numeroso de Nariño, un departamento que sufre una de las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado en Colombia. En los últimos dos años, Nariño produjo más del 10% de todos los casos de nuevos desplazamientos forzados en Colombia. Más de 300.000 personas fueron desplazadas en Colombia durante el 2007 y, en el 2008 se vislumbra una tendencia similar, lo cual genera que el total de personas registradas por desplazamientos forzados supere los 2.8 millones.

La comunidad Awá es uno de los 87 pueblos indígenas de Colombia. Más de una tercera parte de estos se encuentra en peligro de extinción, como resultado del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Su supervivencia depende en gran medida de la capacidad de permanecer en sus territorios ancestrales y mantener los fuertes vínculos con su tierra. La Constitución colombiana los reconoce como sujetos de derechos especiales con necesidades de protección específicas.

Con 12 oficinas en Colombia, el ACNUR trabaja con el Estado, apoyándolo para cumplir su deber de protección, y con las organizaciones indígenas a lo largo del país.

Por Marie-Hélène Verney