Una abogada colombiana arriesga su vida para defender a comunidades amenazadas

Yasselly trabaja como “personera”, es decir, como defensora municipal encargada de vigilar que se respeten los derechos humanos de la población. Yasselly afirma que, por lo que ella sabe, los “personeros” son los únicos funcionarios públicos de Colombia a los que se les concede automáticamente un seguro de vida.

“Somos la voz de las comunidades que no tienen voz”, afirma, y añade que este papel de defensa pública a menudo la ha convertido en objetivo. “He recibido amenazas por realizar el trabajo para el que estamos. También tengo conocimiento de que el 80 por ciento de mis compañeros tienen amenazas”.

Incluso entre este grupo de alto riesgo, la situación de Yasselly es especialmente precaria: esta abogada de 31 años reside en Bellavista, una pequeña ciudad que se fundó en la cercana aldea de Bojayá a raíz de la masacre de 2002, que dejó 79 muertos y se convirtió en uno de los acontecimientos más emblemáticos de los 58 años de conflicto armado en Colombia.

Pueblos sitiados

Recientemente, la Comisión de la Verdad del país estimó que hubo alrededor de 450.000 víctimas mortales a causa del conflicto interno entre las guerrillas, el ejército colombiano y los grupos paramilitares. Aunque en 2016 el gobierno firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero, el conflicto entre otros grupos guerrilleros y facciones paramilitares continúa en Chocó – una región selvática escasamente poblada en la costa occidental del Pacífico colombiano – y en otros puntos del país.

La incesante violencia en esta zona hace que Yasselly tenga que enfrentarse periódicamente a situaciones tan devastadoras como el “confinamiento”, una práctica muy extendida en la que los grupos armados encierran pueblos enteros y advierten a sus habitantes que no abandonen los límites de su asentamiento, bajo amenaza de muerte u otras represalias, incluida la violencia sexual. 

Quienes habitan el Chocó son, en su inmensa mayoría, personas de origen indígena o afrocolombiano, que durante siglos han vivido de la tierra, pescando en los ríos cercanos y cultivando el rico suelo tropical. La práctica del confinamiento causa estragos en sus modos de vida tradicionales; además, durante semanas, meses o años, las personas quedan privadas de derechos básicos como el acceso a la atención médica, a la educación o, incluso, a la alimentación, lo que provoca hambre y desesperación generalizadas.

Una de las comunidades que ha sido confinada es el Resguardo Indígena Emberá Dobidá, una aldea a orillas del río Atrato que tiene alrededor de 150 habitantes. El gobernador o jefe de la aldea, Darío Mecha*, señala que la vida de su comunidad solía ser tranquila.

“Antes, pescábamos en la cascada y trabajábamos la tierra”, recuerda Darío Mecha*. Por desgracia, los grupos armados en el 2004. “Comenzaron [a decir] que no podíamos caminar al monte, que no podíamos trabajar, que no podíamos entrar mucha comida” de la ciudad en las canoas motorizadas, que constituyen el medio de transporte principal de la región.

“Así que ahora nos quedamos aquí”, explica, señalando el pequeño grupo de casas con techo de paja, colocadas sobre palos. El confinamiento no solo ha provocado problemas de nutrición, sino también un aumento de las tensiones en la comunidad, ya que madres y padres luchan por sacar adelante a niñas y niños que se aburren y tienen hambres; además, las mujeres viven aterrorizadas por el omnipresente espectro de la violencia sexual que las amenaza si se alejan demasiado de la aldea.

“Aguantan en confinamiento todo lo posible”, comenta Yasselly, “pero cuando empieza a haber enfrentamientos entre las propias comunidades, cuando sienten que sus vidas están en riesgo o cuando matan a un miembro de la comunidad, no tienen más opción que huir”.

Aliviar el sufrimiento

Hay alrededor de 6,8 millones de personas desplazadas en Colombia; por tanto, se trata del segundo país del mundo con más personas en esta situación, después de Siria.

Con demasiada frecuencia, pueblos enteros del Chocó terminan huyendo a la ciudad más grande de la región, Quibdó, donde, privados de sus medios de vida, luchan por sobrevivir y mantener un techo sobre sus cabezas. En un cruel giro del destino, estas personas desplazadas internas a veces se ven relegadas a barrios marginales que también están bajo el control de grupos armados.

Yasselly, la “personera”, trabaja para aliviar el sufrimiento provocado por el confinamiento; para ello, por ejemplo, se asegura de que el cuerpo docente pueda ingresar a las comunidades confinadas e informa a las autoridades de la existencia de minas terrestres – que a menudo son colocadas por los grupos armados – para que estas sean removidas y, por tante, se evite que las personas se lesionen o pierdan la vida. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ayuda a Yasselly y a otros “personeros” donándoles el equipo que necesitan para llevar a cabo su labor y brindando la ayuda que tanto necesitan las comunidades para las cuales trabajan.

Además de apoyar a los “personeros”, ACNUR colabora con las autoridades locales y nacionales para monitorear los confinamientos y para prevenir el desplazamiento. Asimismo, ayuda a fortalecer las organizaciones comunitarias que son lideradas por personas indígenas y afrocolombianas ofreciendo formación, construyendo infraestructura y creando espacios seguros para niñas, niños y adolescentes.

Aunque la duración y el alcance del conflicto en el Chocó hacen que las necesidades de quienes viven en la región superen con creces la capacidad de respuesta de Yasselly, ella afirma que se siente muy satisfecha con cada acto de violencia que es capaz de abordar o, en ocasiones, de prevenir.

“No vamos a resolver el problema porque se trata de problemas estructurales, pero sí vamos a aportar un grano de arena para que todas las comunidades que están en estas situaciones reciban atención oportuna o para que, aun con las dificultades, sigan teniendo esperanza”, afirma Yasselly, una mujer originaria de Quibdó cuya familia, como tantas otras familias colombianas en el Chocó y en otras partes de Colombia, también fue víctima del desplazamiento forzado.

Yasselly afirma que, a pesar de los peligros que supone su trabajo, tanto su familia como su comunidad en general le sirven de fuente de motivación. Yasselly vivió en carne propia los estragos provocados por el desplazamiento interno una generación tras otra, así que sabe de primera mano lo crucial que es seguir defendiendo a las comunidades del Chocó cuya voz no ha sido escuchada.  

“Si las personas que hacemos este trabajo de garantía de derechos, de defensa de derechos humanos, no lo hacemos”, se pregunta, “¿cómo van a subsistir las comunidades?”. 

*Nombre cambiado por motivos de protección.