Foro "Conflicto y Desplazamiento en el Caribe: una apuesta hacia el futuro" en Barranquilla

BARRANQUILLA, Colombia, 30 de agosto (ACNUR) – El 18 y 19 de agosto de 2011 se realizó, en la ciudad de Barranquilla, el Foro "Conflicto y Desplazamiento en el Caribe: una apuesta hacia el futuro", convocado por la oficina del ACNUR para la región Caribe. Se contó con la participación de 96 funcionarios de las instituciones del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD), representantes de comunidades de población desplazada, pueblos y organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, ONGs, cooperación internacional, entre otros, de 6 departamentos de la región.

Los y las participantes tuvieron oportunidad de trabajar en 5 mesas temáticas durante los dos días del evento, en las que se abordaron los temas de registro y atención humanitaria, garantía del derecho a la tierra, soluciones duraderas, prevención y protección, y participación efectiva.

En la Mesa Temática de Registro y Atención Humanitaria se resaltó que continúan las dificultades en la toma de declaraciones y en los tiempos de entrega de la atención humanitaria, por lo cual se propuso actualizar los elementos de contexto que permitan establecer nuevos criterios de valoración que incluyan los cambios en la dinámica del conflicto. Igualmente, se recalcó la necesidad de diseñar estrategias de capacitación permanente a estos mismos funcionarios sobre rutas, roles y competencias en el tema de registro, así como para la población desplazada.

En la Mesa Temática de Prevención y Protección, se resaltó la persistencia del conflicto y la presencia de grupos armados post desmovilización, así como la persistencia del desplazamiento forzado en la región. Así mismo, se señaló que las estrategias de seguridad implementadas en la región profundizaron las debilidades de las autoridades e instituciones civiles y agravaron la desarticulación de los procesos organizativos y comunitarios. En el mismo sentido, se subrayó la preocupación por las amenazas contra funcionarios y servidores públicos, especialmente quienes están acompañando a las comunidades y organizaciones en los procesos de reclamación de tierras. Los participantes resaltaron la necesidad de promover decididamente una política pública de prevención e insistieron en la necesidad de continuar con el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias en temas como el proceso de reglamentación de la ley de víctimas. Así mismo, subrayaron la importancia de establecer medidas y mecanismos de prevención y protección, con énfasis en medidas de carácter colectivo. Destacaron la necesidad de promover la difusión de los informes de riesgo y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y poder contar con un mayor liderazgo de la Procuraduría General de la Nación para hacer el seguimiento al cumplimiento por parte de las autoridades de las recomendaciones incluidas en los informes de riesgo.

En la Mesa Temática de Garantía del Derecho a la Tierra, los asistentes destacaron que hablar de restitución implica establecer la verdad frente al despojo y señalaron que las tierras con las que cuenta el Estado para la restitución no corresponden a la dimensión del despojo. En el caso de los pueblos indígenas y afros, resaltaron que hablar de restitución implica abordar el reconocimiento de los territorios ancestrales y el tema de redistribución de la propiedad en general en Colombia. Igualmente expresaron su preocupación por las figuras de la compensación y los terceros de buena fe contemplados en la ley de víctimas. Además se resaltó la necesidad de avanzar en medidas de restitución que vayan más allá de la restitución material o jurídica de la tierra.

Además, se planteó que el proceso de constitución de las Zonas de Reserva Campesina requiere amplia difusión, reactivación de consejos municipales de desarrollo rural, inclusión del tema en los planes de desarrollo y en los Planes de Ordenamiento Territoriales municipales. En todo esto es clave garantizar tanto la participación efectiva de la población en los escenarios de construcción de política pública de tierras, como el acompañamiento de la comunidad internacional.

Respecto a la consulta previa, la falta de debido proceso es una preocupación frente a la cual se propuso reestructurar la Unidad de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para hacer de este mecanismo una medida efectiva para garantizar el derecho al territorio.

En la Mesa Temática de soluciones duraderas se analizó como las intervenciones estatales no han superado la visión asistencialista, lo cual no ha permitido que la población desplazada alcance su estabilización socioeconómica. En el mismo sentido, se señaló como el retorno sin garantías se convirtió en la única opción para los desplazados ante la falta de atención en los sitios de acogida y cómo el estado ha privilegiado el retorno sobre la integración local o la reubicación. Frente a esto, se planteó la necesidad de pensar en una reforma de la estrategia urbana que, junto a otras medidas, permita la integración local de quienes no quieran retornar.

Dentro de las propuestas se destacó la necesidad de que la atención de la población retornada tenga una perspectiva comunitaria y también beneficie a las comunidades receptoras o a aquellas que no se desplazaron. Igualmente, se resaltó la importancia de caracterizar a la población y consultarla sobre la solución duradera por la que quiere optar voluntariamente y desarrollar proyectos productivos acordes a las capacidades y necesidades de la población. En todos los casos se subrayó la importancia de hacer un análisis conjunto – comunidades, fuerza pública y autoridades civiles – sobre las condiciones de seguridad en cualquiera de las soluciones señaladas, entendida la seguridad como la intervención integral del Estado. Finalmente se destacó la necesidad de garantizar la reubicación de comunidades desplazadas ante eventuales desalojos y la importancia de avanzar en la reconciliación de las comunidades receptoras y desplazadas

En la Mesa Temática de Participación Efectiva se señaló la debilidad de los procesos organizativos y a su vez se advirtió la falta de garantías para la participación por parte de la institucionalidad. En este sentido, se propuso que el Ministerio del Interior y el Ministerio Público desarrollen estrategias de formación para los funcionarios públicos locales sobre el derecho a la participación efectiva de la población desplazada y se apropien los recursos necesarios para garantizar el ejercicio de este derecho.

En general los asistentes reiteraron la importancia de fortalecer los procesos organizativos de base, para garantizar la participación efectiva al interior de sus procesos organizativos y a la vez generar espacios de coordinación y construcción de una agenda regional. Asimismo resaltaron la capacidad productiva de la población desplazada, la cual es un sujeto activo en la construcción del país, lo cual es invisibilizado por los estigmas que pesan sobre esta población.

Por Ricardo Rojas, en Barranquilla, Colombia